La Agencia Europea de Mercados y Valores (ESMA, por sus siglas en inglés) ha multado a las filiales británica y alemana de la agencia de calificación de crédito Moody’s con 1,24 millones de euros. La multa se aplica tras una prolongada investigación instruida por una funcionaria asignada por la ESMA al caso porque la filial alemana no hizo público el criterio metodológico de sus calificaciones en 16 notas sobre 9 agencias supranacionales y la filial británica en otras tres notas a las mismas agencias. Las multas han sido respectivamente de 750.000 euros y 490.000 euros. La ESMA es el regulador de las agencias de calificación en virtud de la Regulación de las Agencias de Calificación de Crédito (CRAR, por sus siglas en inglés). Entre el 1 de junio de 2011 y el 16 de diciembre de 2013 ambas filiales emitieron las 19 notas de calificación que fueron difundidas mediante notas de prensa. Las agencias supranacionales objeto de la calificación fueron el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, el Banco de Desarrollo de África Oriental, la Compañía Europea para la Financiación de Material Ferroviario, la Comunidad Europea para la Energía Nuclear y la Unión Europea.
La trascendencia de la calificación crediticia de estas organizaciones supranacionales es que las mismas se financian entre otros mecanismos por la emisión de bonos y obligaciones que son colocadas en el mercado de forma amplia y que por su calificación alta son de elección para cumplir con coeficientes de las entidades financieras europeas como la banca. Sin embargo llama la atención la multa, aun cuando realmente las normas de la CRAR fueron vulneradas, por el escaso efecto de esa vulneración ya que se trata de organizaciones supranacionales que se sobreentiende que disponen de un alto grado de solvencia y están respaldadas de forma directa por la UE y en algunos casos por estados soberanos.
La única lectura posible de este largo proceso es que la ESMA ha decidido castigar a la agencia por unas calificaciones difundidas mediante notas de prensa en las que “no había ninguna señal clara de una metodología principal o versión de metodología” en los únicos documentos al alcance de los inversores. Precisamente el hecho que no hubiese otro material público a disposición de los inversores determinó que el análisis se hiciera precisamente sobre las notas de prensa. Está multa podría ser calificada de benigna en la medida que se aplica a un caso en el que no existe responsabilidad directa sobre un incidente crediticio. No hay impagos, no hay quiebra, ni hay cuestionamiento de solvencia, no hay perjudicados. Esto es, no se dice que la calificación sea equivocada, sino sencillamente que no se ha hecho pública la metodología.
Esto hace pensar que el regulador ha decidido hacer un disparo de advertencia sobre la proa de uno de los buques insignia de las agencias de calificación de crédito. Pero por las características del objetivo el disparo deja la sensación de que la pólvora estaba húmeda. Sin embargo, la existencia de nuevas evidencias de que la crisis financiera sigue viva en algunos barrios de la UE puede dar a esta advertencia un tono un poco menos indulgente que lo que la cuantía y la motivación sugieren. En los seis años desde que la ESMA tiene la atribución de regular a las agencias calificadoras esta es la tercera vez que ejerce multando a una agencia, y por primera vez en asunto de “transparencia”.
La semana pasada un ex banquero y ex funcionario relevante de los cuerpos de supervisión españoles, incluido el Consejo del Banco de España, señaló en la presentación de su último libro que “las crisis bancarias tienen sus ciclos y esos ciclos son de entre 10 y 15 años. Estamos en el comienzo de uno de esos ciclos”. La observación va en el sentido de señalar que ya han pasado 10 años desde que se inició la crisis desatada por las hipotecas subprime en Estados Unidos y que se extendió como un reguero de pólvora por el mundo.
Desde luego esta afirmación de Aristóbulo de Juan no pasaría de ser una señalación sin otro efecto que dejar constancia si no fuera por el contexto en el que se desarrolla. Mientras el Gobierno afirma que el Banco Popular es solvente funcionarios de la UE ventilan la necesidad de que la venta del banco se cierre a corto plazo de lo contrario el banco debería ser rescatado. La controversia desatada por estas afirmaciones fue desmentida luego por el organismo encargado de la “resolución” de los bancos. Mientras tanto y bajo los efectos del mensaje las acciones del Popular caían un 17% para quedar en 0,50 céntimos por título.
Hay quienes señalan que esta es una operación política contra España, otros apuntan que, se diga lo que se diga, Banco Popular debe ser sometido a una reducción de capital y posterior ampliación para resolver el problema de los activos deteriorados que arrastra. Lo cierto es que el deterioro de la confianza es muy serio y ya ha afectado a la deuda calificada de capital Tier 1 Adicional, que es la primera en ser transformada en recursos de capital en caso de saneamiento a costas de los inversores y accionistas.
El fondo PIMCO tiene una gran exposición a esta deuda del Popular, y sus posiciones acreedoras ocasionaron un serio traspié al fondo esta semana impulsadas por las dudas sobre la entidad española. Los bonos calificados como Capital Adicional Tier 1 del Popular cotizan a 55 céntimos por euro. Se trata de la emisión de 750 millones de la que PIMCO tiene 279 millones El total de los bonos AT1 del banco asciende a 1.250 millones de euros de acuerdo con la documentación de la entidad. Los bonos AT1 de Deutsche Bank sufrieron un batacazo de consideración en 2016 cuando el banco era pasto de dudas entre los inversores.
Mientras, el plan de rescate para Monte dei Paschi entre el Gobierno de Italia y la UE ha quedado visto para sentencia esta semana. Todo esto indica que hay sobrados motivos para que las agencias de calificación se esmeren en un escenario de crecientes turbulencias financieras. Ciertamente en el caso del Banco Popular las cuatro agencias calificadoras que han emitido veredicto entre 2016 y 2017 han sido unánimes: Perspectiva Negativa.
