Medios jurídicos consultados aseguran que el informe Deloitte se presenta como una pieza fundamental en sus trabajos, un rico filón al que acudirán todos los representantes de los inversores afectados por la resolución del Popular. Consideran estos medios que el secretismo mostrado por la Junta Única de Resolución (JUR) en torno al informe han conseguido llamar su atención, interés y sospechas de que la materia confidencial recogida en las 47 páginas del mismo (y otras dos de anexos de conclusiones) deben de ser tan contundentes para justificar la decisión de la JUR como para todo lo contrario. O, al menos, para introducir numerosas matizaciones a la decisión adoptaba por ese organismo. La responsable de la JUR aseguró a los eurodiputados, reunidos en Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, que «el informe sirvió para informar en el proceso que llevó a la JUR a tomar la decisión de reducir a cero el valor de las acciones, de la deuda subordinada del Banco Popular para venderlo, acto seguido, al Santander. Ahora la estrategia de las reclamaciones, alertada por la negativa de la JUR a «abrir el informe al público», ha levantado sospechas y creado argumentos suficientes para ser el blanco preferido de los bufetes interesados.
La negativa a «abrir el informe -Deloitte- al público» hay que reconocer que sirve para crear el escenario propicio para la desconfianza, la formación de hipótesis, el morbo y para dar rienda suelta a las variadas especulaciones. De tal forma que ha servido para que una parte de los representantes de los afectados considere que la JUR está hurtando una pieza decisiva para una causa que debe contar con todas las garantías posibles, entre ellas la de la información. Este aspecto puede ser considerado por un juez europeo como motivo suficiente para frenar, paralizar o, incluso, retrotraer la operación de venta de la entidad al Santander.
El Santander ya supo desde el principio que la lucha sería fuerte, la batalla encarnizada y la guerra larga, muy larga. Quizá un aspecto de la operación de compra del Popular -se supone que bien informado que está por su departamento legal y demás consultas externas- que entraba en las hipótesis de los problemas previsibles, la paralización y freno del proceso de fusión, no parece haber sido valorado en su sentido más amplio. Algo que, sin embargo, tras la advertencia de la gestora de fondos de deuda, Pimco, mediante carta dirigida al consejero delegado del Santander, parece haber sorprendido al banco y le obliga a una reflexión sobre la «sugerencia» de la gestora.
La sugerencia no era si no la consideración del Santander de «abstenerse de vender activos de la entidad adquirida por si es condenado a devolverla». El mensaje claro y muy directo de un bufete británico al servicio de Pimco, cuestiona la legalidad y validez de la resolución del Popular, al tiempo que advierte a su consejero delegado, José Antonio Álvarez, del riesgo de anulación del plan de resolución de la JUR, supuesto, más o menos probable, que implicaría la devolución de la propiedad del Popular a sus accionistas originales. La advertencia de Pimco, dicho sea de paso, no es una sugerencia cualquiera, pues se trata de un afectado por nada menos que 850 millones de euros en bonos convertibles que, como se sabe, no valen ni un euro.
Los escritos de reclamación de otros accionistas `damnificados´ por la resolución, transitan por la misma vía; frenar y paralizar la venta de activos, medida cautelar habitual y muy razonable en un proceso mercantil, como la compra-venta del Popular, que los jueces consideran como causa suficiente para frenar el proceso y estudiar, por parte del juez, la petición de nulidad por parte de los demandantes. Las prisas de Santander en ejecutar la venta de activos del adquirido, como la de poner en marcha el mecanismo de protección de capital, es considerado por algunos bufetes como un movimiento evidente para superar, en el tiempo, la nulidad de los actos jurídicos. Aunque llegado el caso -de sentencia de nulidad- se obligaría al Santander a la retrocesión y reversión del banco a sus dueños anteriores. Y en esta hipótesis trabajan los bufetes, planteamiento alimentado en el convencimiento de que el informe Deloitte contiene las claves necesarias para conseguir la nulidad de la venta del banco.
En cualquier caso, y habida cuenta de que el informe Deloitte no recoge información sensible sobre aspectos delicados que pudieran poner en peligro la defensa nacional, como tampoco dejarían expuesta a la población a una amenaza terrorista o guerra biológica, hay que esperar que su contenido, reconociendo su evidente confidencialidad, que a nadie escapa, será conocido más pronto que tarde. Lo que sí parece que está muy claro es que de esa información van a depender las estrategias de las demandas judiciales de los inversores del Popular que, lógicamente, trabajarán para hacerse con la máxima información. Y el informe en cuestión es una pieza clave.
publicacion integra de Juan Jose Gonzalez. icnr.es
