La Audiencia de Granada ha condenado a diez meses de cárcel a dos acusados por redactar, cuatro días después de la muerte de su hermano, un falso contrato de compraventa de tres fincas y utilizarlo para demandar al difunto para quedarse sus bienes, en lo que les ayudó un abogado, ahora inhabilitado.
La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, ha condenado a Francisca y José María M.L. a diez meses de cárcel por los delitos de tentativa de estafa procesal y falsedad documental tras un acuerdo en el que ambos aceptaron los hechos.
La causa se remonta al 20 de julio de 2013, fecha en la que murió el hermano de los ahora condenados, que decidieron aprovechar el fallecimiento para incorporar a su patrimonio tres de las fincas que tenía en Baza (Granada).
Para hacerlo, contaron con el asesoramiento de Esteban Javier J.L., un letrado en ejercicio y con antecedentes penales cancelados, que conocía el fallecimiento del hermano de los acusados y que ha sido condenado a diez meses de inhabilitación para ejercer la abogacía y el mismo periodo de prisión.
Condenados por demandar a su hermano muerto para quedarse con sus bienes
GRANADA
Sólo 4 días después de su muerte redactaron un falso contrato de compraventa de tres fincas para demandar al difunto, en lo que les ayudó un abogado, ahora inhabilitado
EFE
Domingo, 16 julio 2017, 10:56
La Audiencia de Granada ha condenado a diez meses de cárcel a dos acusados por redactar, cuatro días después de la muerte de su hermano, un falso contrato de compraventa de tres fincas y utilizarlo para demandar al difunto para quedarse sus bienes, en lo que les ayudó un abogado, ahora inhabilitado.
La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, ha condenado a Francisca y José María M.L. a diez meses de cárcel por los delitos de tentativa de estafa procesal y falsedad documental tras un acuerdo en el que ambos aceptaron los hechos.
La causa se remonta al 20 de julio de 2013, fecha en la que murió el hermano de los ahora condenados, que decidieron aprovechar el fallecimiento para incorporar a su patrimonio tres de las fincas que tenía en Baza (Granada).
Para hacerlo, contaron con el asesoramiento de Esteban Javier J.L., un letrado en ejercicio y con antecedentes penales cancelados, que conocía el fallecimiento del hermano de los acusados y que ha sido condenado a diez meses de inhabilitación para ejercer la abogacía y el mismo periodo de prisión.
Con el objetivo de legalizar la propiedad de las tres fincas y cuatro días después de la muerte del hombre, el letrado presentó una demanda contra el fallecido para lograr que se diera validez a un contrato de compraventa firmado entre el difunto y sus hermanos, demanda que en el reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia 1 de Baza.
En la demanda alegaron que el fallecido les había vendido las tres fincas mediante contrato privado por un precio total de 19.580 euros, y pretendían que un juzgado ordenara inscribir a su nombre los terrenos.
Las pruebas periciales demostraron que tanto la demanda como el contrato se redactaron e imprimieron en el mismo ordenador e impresora y «sin prácticamente diferencia temporal» y que la firma del difunto la había realizado su hermano, por lo que los tres acusados elaboraron los documentos para quedarse la herencia del hijo del difunto, que vivía en Badalona.
Al ocultar la muerte del demandado pretendían que se declarara en rebeldía al fallecido, por lo que el marido de la acusada Francisca, José H.S., se encargó de retirar las notificaciones judiciales sin comunicarlo al heredero ni devolverlas al juzgado, hechos por los que ha sido condenado a cuatro meses de prisión.
«El fin de los acusados se vio truncado», según la Fiscalía, cuando el heredero del difunto recibió la diligencia con las medidas cautelares acordadas por el Juzgado que llevaba la demanda y comunicó la muerte de su padre, por lo que la causa se archivó.
La Fiscalía calificó los hechos como un delito de estafa procesal en grado de tentativa y otro delito de falsedad en documento privado por los que pidió dos años de cárcel y el pago de multa.
Los cuatro condenados por la sentencia, que es firme, deberán pagar además 270 euros de multa y las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
