Tanto en el Gobierno como en Aerolíneas Argentinas esperaban que por estos días saliera el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) sobre la expropiación de la empresa en 2008. Finalmente, desde Washington llegó una mala noticia. El Estado fue condenado a pagar US$ 320,7 millones (más intereses) al Grupo Marsans, último dueño de la firma.
Según el texto del fallo, al que accedió Clarín, «el demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones».
En la página 397 de las 551 que tiene la resolución con fecha de despacho ayer, también se hace referencia a “medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones” y de “expropiar ilegalmente las inversiones” en cuestión.
Ahora, además de los US$ 320 millones, el tribunal impuso otros US$ 23,76 millones más intereses a la Argentina en concepto de compensación por los daños causados por la expropiación. Y US$ 3,5 millones más para cubrir los costos legales del demandante.
Recién el 9 de enero de 2009, el Gobierno de por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó el decreto 2347, a través del que designó al Ministerio de Planificación como organismo «expropiante» de Aerolíneas Argentinas y Austral, y creó una Unidad Administrativa que «tendrá a su cargo todas las tareas de manejo de la compañía».
