Decenas de víctimas de bebés robados se han concentrado este miércoles ante el Congreso para reclamar la creación de un «censo nacional» de desaparecidos para poder conocer la dimensión de este problema en España, que podría afectar a unos 300.000 recién nacidos.
Por segundo año, las asociaciones «Camino a la Justicia», el Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos «Nuevo Ágora» y Avidna han conmemorado el Día Internacional de las Desapariciones forzadas con esta concentración, en la que han recordado que «siguen en la lucha» y que no que cejarán en ella hasta que no tengan una solución. Así lo ha manifestado Pedro Caraballo, coordinador de «Nueva Agora», quien considera imprescindible la creación de un censo nacional de bebés robados para poder dar solución a este problema y «poder cerrar la Transición, que realmente terminará el día que esto haya sido esclarecido». Caraballo ha lamentado que, a pesar de las promesas de los políticos tras su primera concentración hace un año, no haya habido «grandes avances en los últimos meses», aunque ha reconocido que «se han dado algunos pasos, como es la asignación de 100.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para crear un banco de ADN.
Ha anunciado que en los próximos días esperan reunirse con representantes de distintos grupos políticos, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) o representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El representante de las víctimas ha denunciado la actitud de la Iglesia, que «está cerrada a cal y canto y ni siquiera nos ha dado la opción de entrevistarnos con algún responsable de la jerarquía eclesiástica».
También ha criticado las trabas judiciales que, a su juicio, encuentran los abogados de las víctimas, principalmente «las prescripciones no fundadas de las causas». En la concentración se ha leído un manifiesto en el que se ha demandado que los casos de bebés robados y las adopciones ilegales se conviertan en una «cuestión de Estado». Los afectados han criticado que han tenido que «ejercer de detectives privados» para recopilar los documentos sobre sus causas y han lamentado que no sea el Ministerio de Justicia y la Iglesia los que les entreguen documentos relativos a «nacimientos, historias clínicas u otros asuntos».
