Los dos plazos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han terminado con el resultado que menos quería el jefe del Ejecutivo español. El próximo sábado se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para acordar las medidas de intervención de la Generalitat de Cataluña que impidan a las autoridades catalanas seguir adelante con su intención de independencia del resto de España. El Gobierno de Rajoy estableció dos fases para dar oportunidad y tiempo a Puigdemont para que diera una respuesta que evitara la activación del artículo 155 de la Constitución.
Otra de las parcelas que el Ejecutivo de Rajoy considera imprescindible tener bajo su control son las finanzas. Sin embargo, las fuentes consultadas concluyen que la medida más trascendente afectará a la propia presidencia de la Generalitat. El Gobierno no es proclive en absoluto a promover una figura presidencial que sustituya a Puigdemont pero sí a nombrar a alguien que canalice las instrucciones que se dicten desde el Gobierno de la nación. La convocatoria de elecciones sería otra de esas medidas si, como es previsible, el presidente catalán se niega a ejercer esa competencia que les es propia y exclusiva.
La información sobre las medidas se lleva con absoluto hermetismo. Tanto el Gobierno como el PSOE seguirán hasta el sábado estudiando el contenido y alcance de las mismas, tarea que, según reconocen las fuentes, no les está resultando fácil. Rajoy conversó con el secretario general socialista, Pedro Sánchez, antes de partir hacia la reunión del Consejo Europeo de Bruselas para indicarle que, en efecto, tras la respuesta de Puigdemont, se iniciaba el proceso del artículo 155.
