Oriol Junqueras, número uno de la lista de ERC para las elecciones catalanas del 21-D, no podrá hacer campaña fuera de prisión. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido que Junqueras (exvicepresidente de la Generalitat), Joaquim Forn (exconsejero de Interior) y los presidentes de ANC y Òmnium (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) seguirán en prisión incondicional. El instructor del caso ha dictado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para los otros seis exconsejeros a los que la Audiencia Nacional envió a prisión (Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Josep Rull y Jordi Turull). Una vez que las depositen, el magistrado les impone comparecencias semanales en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, prohibición de abandonar España y retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión.
En su auto, Llarena analiza los requisitos legales para mantener la medida de prisión, que en este caso concreto se han centrado especialmente en el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. En relación con el riesgo de fuga, el magistrado lo descarta y, en contra del criterio de la Fiscalía, considera que la situación de los exconsellers y de los lideres de ANC y Òmnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament. Según el juez, el papel en el supuesto delito de rebelión de los cuatro líderes independentistas a los que mantiene en prisión es similar al de Carme Forcadell, por lo que no hay que apreciar en ellos más riesgo de fuga del que se vio en la presidenta de la Cámara. Además, los cuatro cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.
Sin embargo, Llarena sí ve en ellos mayor riesgo de reiteración delictiva. El magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament, «cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado», y la actuación de los ocho exconsejeros y los presidentes de ANC y Òmnium, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad» que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones. El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sanchez y Cuixart, entiende que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el «asedio» por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consellería catalana de Economía en Barcelona.
