El caso La Manada destapó las diferencias entre Rafael Catalá y el poder judicial. El detonante: unas polémicas declaraciones ofrecidas por el ministro de Justicia en las que criticó al Poder Judicial aseverando que éste “debió haber actuado preventivamente” contra el juez Ricardo Javier González, quien emitió el voto discrepante en el caso. Por consiguiente, tal aseveración ha movilizado al sector judicial que ha pedido en respuesta el cese de Catalá, acusándolo de una intromisión del Gobierno en las resoluciones judiciales.
Unas declaraciones concedidas por el ministro a la Cadena Cope destaparon la polémica Catalá: “Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado”. Y añadió.: “Todos lo saben, los jueces (…) Hay 5.400 jueces magníficos profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas que tienen dificultades”.
Tras estas polémicas declaraciones, las siete asociaciones de jueces y fiscalessolicitaron en bloque la dimisión del ministro de Justicia. En un comunicado conjunto, consideraron que las manifestaciones de Catalá representan una intromisión del Gobierno en las resoluciones judiciales. A juicio del gremio, Catalá se debería limitar a “respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones”.
