Dos despachos de abogados han emprendido ya las primeras acciones judiciales en la Audiencia Nacional contra el \u00faltimo Consejo de Administraci\u00f3n del Banco Popular por la quiebra de esta entidad y su posterior adquisici\u00f3n por el Banco Santander por el simb\u00f3lico precio de un euro. Adem\u00e1s, la Organizaci\u00f3n de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado que la pr\u00f3xima semana tambi\u00e9n presentar\u00e1 una querella en este sentido.<\/p>\n
Por un lado, Dur\u00e1n y Dur\u00e1n Abogados ha presentado este viernes una denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que pide al Juzgado Central de Instrucci\u00f3n de guardia, que esta semana es el n\u00famero 2 que dirige Ismael Moreno, que dirija su investigaci\u00f3n contra el ya expresidente del Banco Popular Emilio Saracho.<\/p>\n
El despacho de abogados destaca en su denuncia la vinculaci\u00f3n de Saracho, antes de incorporarse al Banco Popular este a\u00f1o, con el Banco Santander, donde fue director general adjunto, y con la empresa financiera JP Morgan, la misma, seg\u00fan asegura, a la que el Consejo de Administraci\u00f3n que presid\u00eda Saracho encomend\u00f3 la venta del banco, algo que considera \u00absospechoso\u00bb.<\/p>\n
En este sentido, la denuncia recuerda que, seg\u00fan informaciones aparecidas en su momento en los medios de comunicaci\u00f3n, por la salida de JP Morgan, Saracho recibi\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de \u00abno menos de 86 millones de euros\u00bb.<\/p>\n
Por tanto, \u00absorprende que en este contexto de conflicto de intereses evidente el presidente de un banco en la situaci\u00f3n en que se encontraba el Banco Popular encomiende a la sociedad para la que llevaba m\u00e1s de 25 a\u00f1os trabajando el sondeo del mercado para venderlo y que acordase con JP Morgan el pago de 20 millones de euros m\u00e1s una comisi\u00f3n del 1%\u00bb.<\/p>\n
Incumplir el deber de informaci\u00f3n<\/p>\n
Seg\u00fan explica la denuncia, el d\u00eda que Saracho fue nombrado presidente del Banco Popular, la entidad ten\u00eda una valoraci\u00f3n burs\u00e1til de 5.000 millones de euros y \u00e9l siempre sostuvo que el banco era \u00absolvente y cumpl\u00eda con los requisitos\u00bb. \u00abPese a ser plenamente consciente de la situaci\u00f3n financiera del Banco Popular, el presidente no ha cumplido con las obligaciones que le incumb\u00edan legal y estatutariamente, llevando la compa\u00f1\u00eda a la intervenci\u00f3n e incumpliendo absolutamente con el deber de informaci\u00f3n a los propietarios del banco, es decir, a los accionistas\u00bb, se\u00f1ala.<\/p>\n
La denuncia sostiene que \u00abel desenlace ha sido totalmente distinto a las manifestaciones p\u00fablicas y a la informaci\u00f3n que se ha transmitido a los accionistas\u00bb, por lo que pide la investigaci\u00f3n tanto de \u00abla contrataci\u00f3n de los servicios de JP Morgan por parte del Consejo de Administraci\u00f3n del Banco Popular y dilucidar si ha existido o no una conducta presuntamente constitutiva del delito de administraci\u00f3n desleal tipificada en el art\u00edculo 252 del C\u00f3digo Penal\u00bb, que establece penas para quien administra un patrimonio ajeno e infringe sus facultades, provocando un perjuicio en el mismo.<\/p>\n
\u00abEn el presente supuesto, Emilio Saracho desde su nombramiento ha ocultado a los accionistas la verdadera situaci\u00f3n financiera de la compa\u00f1\u00eda, sin convocar Junta de accionistas para informar sobre distintas alternativas y opciones existentes para salvar la situaci\u00f3n, de forma que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de administraci\u00f3n ha rendido cuentas a terceros al margen de los accionistas\u00bb, subraya.<\/p>\n
M\u00e1s de 460 clientes<\/p>\n
El abogado Miguel Dur\u00e1n ha informado a Europa Press de que su despacho ya ha atendido a m\u00e1s de 460 clientes del Banco Popular interesados en iniciar acciones legales de forma individual porque se han visto afectados, en mayor o menor medida, por la quiebra de la entidad y que se sienten \u00abenga\u00f1ados\u00bb.<\/p>\n
Por otra parte, Fonfr\u00eda Abogados ha presentado una querella, tambi\u00e9n en la Audiencia Nacional y en nombre de un cliente del Banco Popular, contra el Consejo de Administraci\u00f3n y la firma encargada de la auditor\u00eda de la entidad, sin especificar cu\u00e1l. A su juicio, el banco ejerci\u00f3 una \u00abconducta fraudulenta conducente al enga\u00f1o y la difamaci\u00f3n de informaci\u00f3n contable falsa\u00bb.<\/p>\n
Seg\u00fan la querella, el cliente afectado adquiri\u00f3 un total de 104.009 t\u00edtulos del Banco Popular, de las cuales 65.703 est\u00e1n depositadas en el propio Banco Popular y 38.306 en Bankinter. Por lo tanto, tras la compra de la entidad por el Banco Santander, le resulta \u00abimposible\u00bb recuperar el dinero invertido, as\u00ed como ejercer sus derechos como accionista.<\/p>\n
Oscurantismo y opacidad<\/p>\n
El querellante denuncia el \u00abtotal oscurantismo y opacidad\u00bb demostrados por el Banco Popular y su auditor\u00eda en lo referente a la situaci\u00f3n contable, pues considera que los clientes \u00abinvirtieron o compraron acciones confiando en una informaci\u00f3n incompleta o err\u00f3nea o, incluso, falsa\u00bb y que, \u00abde haber conocido la verdadera situaci\u00f3n de la entidad, no hubieran hecho la inversi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
Por su parte, la OCU ha anunciado que el pr\u00f3ximo lunes, 12 de junio, presentar\u00e1 tambi\u00e9n una querella por la quiebra del Banco Popular porque \u00abes preciso garantizar y defender los intereses de los miles de accionistas minoritarios y bonistas que se han visto gravemente perjudicados por la tremenda p\u00e9rdida de valor de los t\u00edtulos y depurar responsabilidades\u00bb.<\/p>\n
Como en los anteriores casos, la OCU destaca que \u00absi los peque\u00f1os inversores y accionistas minoritarios han invertido en acciones del Banco Popular ha sido por confiar en una informaci\u00f3n auditada, p\u00fablica y supervisada que se ha revelado finalmente muy alejada de la realidad\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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