La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 1.440 euros por un delito continuado de estafa a un hombre que cobr\u00f3 de forma indebida durante quince a\u00f1os la pensi\u00f3n de incapacidad absoluta concedida a su padre, tras ocultar el fallecimiento de este a la Seguridad Social.<\/p>\n
La sentencia recoge que hubo enga\u00f1o bastante y relevante por parte del condenado, que fue el determinante del desplazamiento patrimonial, con independencia de que los controles por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social hubieran fallado, especialmente por el comportamiento negligente de la entidad bancaria que efectu\u00f3 los pagos.<\/p>\n
Desde febrero de 1998 \u2013fecha de la defunci\u00f3n del progenitor- hasta enero de 2013, la Seguridad Social ingres\u00f3 288.298 euros en la cuenta corriente que el padre, que era marino mercante, ten\u00eda en una sucursal del BBVA de Santander. La pensi\u00f3n de invalidez permanente lleg\u00f3 a ascender a 1588 euros al mes. El condenado, que figuraba como \u00fanico autorizado, dispuso il\u00edcitamente mediante reintegros en efectivo, transferencias y traspasos de fondos, adem\u00e1s de la domiciliaci\u00f3n de algunos recibos, de 84.157 euros. Esa cantidad tendr\u00e1 que devolver a la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social.<\/p>\n
Del total del dinero ingresado, la Seguridad Social consigui\u00f3 el reintegro por parte del banco de 86.392 euros correspondientes a las pensiones de los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, pero no pudo recuperar lo anterior al no permitirlo la normativa. Por otra parte, el juzgado de instrucci\u00f3n n\u00famero 4 de Santander embarg\u00f3 117.748 euros que hab\u00eda en la citada cuenta corriente, cantidad que ser\u00e1 devuelta a la Seguridad Social.<\/p>\n
La sentencia considera probado que el condenado cometi\u00f3 un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, ya que, aunque \u00e9l lo niega, existi\u00f3 enga\u00f1o al no comunicar el fallecimiento de su padre a la Seguridad Social y a la entidad bancaria a trav\u00e9s de la que \u00e9ste cobraba la pensi\u00f3n; lo que determin\u00f3 error en la entidad pagadora, que continu\u00f3 abon\u00e1ndola en la cuenta en la que figuraba como \u00fanico autorizado, y dispuso de parte esos fondos en beneficio propio hasta enero de 2013.<\/p>\n
El delito de estafa, concluye la Sala, no s\u00f3lo lo comete quien enga\u00f1a a un tercero al comunicarle algo falso como si fuera aut\u00e9ntico, sino tambi\u00e9n, como en este caso, quien le oculta datos relevantes que estaba obligado a comunicarle.<\/p>\n
Para el Tribunal Supremo, el enga\u00f1o consiste en la falta de comunicaci\u00f3n del fallecimiento, siendo esta omisi\u00f3n la que determina el acto de disposici\u00f3n materializada a trav\u00e9s de los pagos de la correspondiente pensi\u00f3n, tras el fallecimiento.<\/p>\n
La Sala Segunda rechaza aplicar la atenuante de confesi\u00f3n que reclama el condenado bas\u00e1ndose en que fue \u00e9l quien comunic\u00f3 al INSS el fallecimiento de su padre en febrero de 2013. Esa supuesta comunicaci\u00f3n \u201cespont\u00e1nea\u201d 15 a\u00f1os despu\u00e9s, prosigue la sentencia, no fue tal y se produjo ante la imposibilidad de mantener el enga\u00f1o tras recibir una llamada de un empleado de la sucursal bancaria, que intensific\u00f3 los controles tras la entrada en vigor en el C\u00f3digo Penal, en enero de ese mismo a\u00f1o, de un nuevo delito de fraude de prestaciones a la Seguridad Social.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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