Medios jur\u00eddicos consultados aseguran que el informe Deloitte se presenta como una pieza fundamental en sus trabajos, un rico fil\u00f3n al que acudir\u00e1n todos los representantes de los inversores afectados por la resoluci\u00f3n del Popular. Consideran estos medios que el secretismo mostrado por la Junta \u00danica de Resoluci\u00f3n (JUR) en torno al informe han conseguido llamar su atenci\u00f3n, inter\u00e9s y sospechas de que la materia confidencial recogida en las 47 p\u00e1ginas del mismo (y otras dos de anexos de conclusiones) deben de ser tan contundentes para justificar la decisi\u00f3n de la JUR como para todo lo contrario. O, al menos, para introducir numerosas matizaciones a la decisi\u00f3n adoptaba por ese organismo. La responsable de la JUR asegur\u00f3 a los eurodiputados, reunidos en Comit\u00e9 de Asuntos Econ\u00f3micos del Parlamento Europeo, que \u00abel informe sirvi\u00f3 para informar en el proceso que llev\u00f3 a la JUR a tomar la decisi\u00f3n de reducir a cero el valor de las acciones, de la deuda subordinada del Banco Popular para venderlo, acto seguido, al Santander. Ahora la estrategia de las reclamaciones, alertada por la negativa de la JUR a \u00ababrir el informe al p\u00fablico\u00bb, ha levantado sospechas y creado argumentos suficientes para ser el blanco preferido de los bufetes interesados.
\nLa negativa a \u00ababrir el informe -Deloitte- al p\u00fablico\u00bb hay que reconocer que sirve para crear el escenario propicio para la desconfianza, la formaci\u00f3n de hip\u00f3tesis, el morbo y para dar rienda suelta a las variadas especulaciones. De tal forma que ha servido para que una parte de los representantes de los afectados considere que la JUR est\u00e1 hurtando una pieza decisiva para una causa que debe contar con todas las garant\u00edas posibles, entre ellas la de la informaci\u00f3n. Este aspecto puede ser considerado por un juez europeo como motivo suficiente para frenar, paralizar o, incluso, retrotraer la operaci\u00f3n de venta de la entidad al Santander.<\/p>\n
El Santander ya supo desde el principio que la lucha ser\u00eda fuerte, la batalla encarnizada y la guerra larga, muy larga. Quiz\u00e1 un aspecto de la operaci\u00f3n de compra del Popular -se supone que bien informado que est\u00e1 por su departamento legal y dem\u00e1s consultas externas- que entraba en las hip\u00f3tesis de los problemas previsibles, la paralizaci\u00f3n y freno del proceso de fusi\u00f3n, no parece haber sido valorado en su sentido m\u00e1s amplio. Algo que, sin embargo, tras la advertencia de la gestora de fondos de deuda, Pimco, mediante carta dirigida al consejero delegado del Santander, parece haber sorprendido al banco y le obliga a una reflexi\u00f3n sobre la \u00absugerencia\u00bb de la gestora.<\/p>\n
La sugerencia no era si no la consideraci\u00f3n del Santander de \u00ababstenerse de vender activos de la entidad adquirida por si es condenado a devolverla\u00bb. El mensaje claro y muy directo de un bufete brit\u00e1nico al servicio de Pimco, cuestiona la legalidad y validez de la resoluci\u00f3n del Popular, al tiempo que advierte a su consejero delegado, Jos\u00e9 Antonio \u00c1lvarez, del riesgo de anulaci\u00f3n del plan de resoluci\u00f3n de la JUR, supuesto, m\u00e1s o menos probable, que implicar\u00eda la devoluci\u00f3n de la propiedad del Popular a sus accionistas originales. La advertencia de Pimco, dicho sea de paso, no es una sugerencia cualquiera, pues se trata de un afectado por nada menos que 850 millones de euros en bonos convertibles que, como se sabe, no valen ni un euro.<\/p>\n
Los escritos de reclamaci\u00f3n de otros accionistas `damnificados\u00b4 por la resoluci\u00f3n, transitan por la misma v\u00eda; frenar y paralizar la venta de activos, medida cautelar habitual y muy razonable en un proceso mercantil, como la compra-venta del Popular, que los jueces consideran como causa suficiente para frenar el proceso y estudiar, por parte del juez, la petici\u00f3n de nulidad por parte de los demandantes. Las prisas de Santander en ejecutar la venta de activos del adquirido, como la de poner en marcha el mecanismo de protecci\u00f3n de capital, es considerado por algunos bufetes como un movimiento evidente para superar, en el tiempo, la nulidad de los actos jur\u00eddicos. Aunque llegado el caso -de sentencia de nulidad- se obligar\u00eda al Santander a la retrocesi\u00f3n y reversi\u00f3n del banco a sus due\u00f1os anteriores. Y en esta hip\u00f3tesis trabajan los bufetes, planteamiento alimentado en el convencimiento de que el informe Deloitte contiene las claves necesarias para conseguir la nulidad de la venta del banco.<\/p>\n
En cualquier caso, y habida cuenta de que el informe Deloitte no recoge informaci\u00f3n sensible sobre aspectos delicados que pudieran poner en peligro la defensa nacional, como tampoco dejar\u00edan expuesta a la poblaci\u00f3n a una amenaza terrorista o guerra biol\u00f3gica, hay que esperar que su contenido, reconociendo su evidente confidencialidad, que a nadie escapa, ser\u00e1 conocido m\u00e1s pronto que tarde. Lo que s\u00ed parece que est\u00e1 muy claro es que de esa informaci\u00f3n van a depender las estrategias de las demandas judiciales de los inversores del Popular que, l\u00f3gicamente, trabajar\u00e1n para hacerse con la m\u00e1xima informaci\u00f3n. Y el informe en cuesti\u00f3n es una pieza clave.<\/p>\n
publicacion integra de Juan Jose Gonzalez. icnr.es<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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