La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la designaci\u00f3n de abogado de oficio a un recurrente en casaci\u00f3n al apreciar \u201cuna falta absoluta de defensa\u201d en su recurso, que califica como \u201ccollage de consideraciones jur\u00eddicas\u201d \u201ccarentes de ligaz\u00f3n discursiva\u201d y \u201chu\u00e9rfanas\u201d de correspondencia con las objeciones que plantea, sosteniendo en ocasiones \u201cuna cosa y su contraria\u201d. El alto tribunal interesa el nombramiento de un nuevo abogado para el condenado, que deber\u00e1 interponer el recurso que corresponda.<\/p>\n
Seg\u00fan explica el Supremo en un auto, \u201cla voluntad del condenado de que su condena sea revisada judicialmente se ha saldado con la presentaci\u00f3n meramente formal o aparente de un recurso\u201d, ya que \u201cla espec\u00edfica actuaci\u00f3n profesional desplegada, por desatender el an\u00e1lisis de la realidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica plasmada en la sentencia, no posibilita la revisi\u00f3n de la sentencia condenatoria en los t\u00e9rminos que son inherentes al desacuerdo expresado por el acusado\u201d.<\/p>\n
La sentencia recurrida fue dictada el 17 de octubre de 2016 por la Audiencia Provincial de Barcelona, y conden\u00f3 al acusado a 12 a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n por delito continuado de agresi\u00f3n sexual; y a otros 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n por delito continuado de abusos sexuales. El acusado, pese a haber reconocido los hechos en el juicio oral, reclam\u00f3 un abogado que recurriese en su nombre el pronunciamiento de condena, concretamente, si era o no pertinente que la sentencia declare una doble responsabilidad criminal desde una misma continuidad delictiva.<\/p>\n
Ante la solicitud del condenado para recurrir, se design\u00f3 abogado del turno de oficio por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El Supremo ha decidido anular esa designaci\u00f3n a la vista del recurso presentado, y ordenado que se nombre otro abogado de oficio. El tribunal explica que la mejor o peor calidad jur\u00eddica de los escritos es algo extra\u00f1o al juzgador, salvo flagrante infracci\u00f3n del principio de defensa como ocurre en este concreto caso.
\n\u201cSolamente en los casos , como el que es objeto de esta resoluci\u00f3n judicial, en donde se aprecia una falta absoluta de defensa, puede el Tribunal dar traslado al correspondiente Colegio de Abogados para que designe un nuevo colegiado que instrumentalice en t\u00e9rminos sustanciales el derecho de defensa que a toda parte corresponde\u201d, dice la Sala.<\/p>\n
Por otro lado, el Supremo quiere destacar en su auto la labor del turno de oficio, actividad desempe\u00f1ada mediante la organizaci\u00f3n de los colegios de abogados, \u201cque sin duda contribuye no solamente a realzar la calidad de la defensa, sino a proporcionar la universalidad de la misma\u201d.<\/p>\n
El auto recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone de manifiesto que la mera designaci\u00f3n de un letrado no garantiza por s\u00ed misma la efectividad del auxilio, ya que, de lo contrario, si el abogado eludiese sus deberes de defensa, se amenazar\u00eda con convertir la asistencia jur\u00eddica gratuita en una palabra vac\u00eda. Por ello, las autoridades nacionales competentes est\u00e1n obligados a intervenir cuando el abogado de oficio fracase de forma manifiesta en su defensa.-<\/p>\n
La resoluci\u00f3n destaca que los colegios profesionales de abogados, en satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico que justifica la naturaleza de su personalidad, deben recoger las peticiones de defensa de oficio y canalizarlas hacia aquellos profesionales que satisfagan las necesidades de capacitaci\u00f3n y compromiso que, con sujeci\u00f3n a los m\u00ednimos establecidos por el Ministerio de Justicia, ellos mismos establezcan. Adem\u00e1s, subraya que el Estatuto General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola atribuye a los colegios un control del desempe\u00f1o de todo abogado as\u00ed como la depuraci\u00f3n de las responsabilidad disciplinarias en que hubiera podido incurrir.<\/p>\n
Tambi\u00e9n indica el auto que, por m\u00e1s que la misi\u00f3n de velar por la presencia del derecho de defensa en el proceso penal corresponda al Tribunal Constitucional, no se excluye la obligaci\u00f3n de su tutela general por los tribunales de justicia (como dice el art\u00edculo 41.1 de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional), siendo \u00e9stos quienes est\u00e1n en condiciones de examinar si la defensa fue intr\u00ednsecamente adecuada o id\u00f3nea.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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