Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional han asumido como propios los motivos expuestos por la Fiscal\u00eda para considerar la \u201cgravedad\u201d de lo ocurrido en Catalunya. Esta gravedad hizo que dos d\u00edas despu\u00e9s de que el Parlament declarara la independencia, el propio fiscal general del Estado presentara una querella contra todo el Govern -cesado dos d\u00edas antes- y contra la Mesa del Parlament. En tan s\u00f3lo 24 horas, el alto tribunal asum\u00eda la competencia para investigar a Carme Forcadell y el resto de la Mesa, aforados por su pertenencia a la Diputaci\u00f3n Permanente. Una hora despu\u00e9s, el reci\u00e9n nombrado instructor ya les citaba de manera urgente para 48 horas despu\u00e9s -teniendo en cuenta que el mi\u00e9rcoles es d\u00eda festivo-.<\/p>\n
Tan s\u00f3lo cinco horas despu\u00e9s de conocer la citaci\u00f3n como investigados de todos los miembros del Parlament por delito de rebeli\u00f3n, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela hac\u00eda id\u00e9ntico movimiento. Admit\u00eda a tr\u00e1mite la querella de la Fiscal\u00eda contra el ya ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el ex vicepresidente, Oriol Junqueras, y los doce consellers, que el pasado viernes perdieron el fuero tras su cese por parte del Gobierno central y disoluci\u00f3n del Parlament para convocar elecciones.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda General alertaba de la gravedad de los hechos y solicitaba que se actuara en consecuencia. Es decir, citaci\u00f3n urgente de los querellados, como as\u00ed ha ocurrido; detenci\u00f3n en caso de no comparecer; y ya avanzaba la necesidad de imponer medidas cautelares contra ellos. La Fiscal\u00eda ya baraja solicitar el ingreso en prisi\u00f3n de alguno de los investigados, atendiendo al riesgo de fuga y de reiteraci\u00f3n delictiva.<\/p>\n
Pero adem\u00e1s, en el caso de Lamela ha asumido esa necesidad de imponer medidas contra los querellados y les ha fijado una fianza de 6,2 millones de euros, que deben pagar de manera solidaria entre todos, en un plazo de tres d\u00edas, dado el riesgo que existe de que los investigados se sustraigan del proceso judicial. Adem\u00e1s, advierte que si no pagan la cantidad se les embargar\u00e1 todos los bienes.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda ya baraja solicitar el ingreso en prisi\u00f3n de alguno de los investigados.<\/p>\n
El Govern al completo -cesado el pasado viernes tras la aprobaci\u00f3n del art\u00edculo 155 impulsado por el Ejecutivo central- tiene, por tanto, que en menos de 48 horas elegir abogados, pagar la fianza y acudir ante la Justicia para prestar declaraci\u00f3n. Despu\u00e9s de ser interrogados -pueden negarse a declarar- el fiscal solicitar\u00e1 la \u2018vistilla\u2019 para solicitar medidas cautelares contra ellos, que pueden pasar desde el ingreso a prisi\u00f3n, la imposici\u00f3n de una fianza o medidas menos gravosas como la reiterada de pasaporte y la prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds.<\/p>\n
Actos de insurrecci\u00f3n<\/p>\n
A la vista de los acontecimientos, tanto Lamela como el magistrado instructor del Supremo, Pablo Llarena -ex presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona- han detectado la gravedad de los hechos y van a actuar en consecuencia.<\/p>\n
Lamela ha asumido esa necesidad de imponer medidas contra los querellados y les ha fijado una fianza de 6,2 millones de euros.
\nLa titular del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00famero 3 de la Audiencia Nacional recoge en su auto la \u201cextensa argumentaci\u00f3n\u201d presentada por la Fiscal\u00eda, en la que se relata c\u00f3mo \u201cpara la consecuci\u00f3n del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, \u00e9stos se valieron de la poblaci\u00f3n en incesantes actos de insurrecci\u00f3n p\u00fablica, desobedeciendo o resistiendo colectivamente la autoridad leg\u00edtima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios p\u00fablicos, y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensi\u00f3n suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo\u201d.<\/p>\n
Romper la organizaci\u00f3n territorial del Estado<\/p>\n
Tanto el Supremo como la juez Lamela defienden la competencia de sus \u00f3rganos para investigar el delito de rebeli\u00f3n. La instructora salva el escollo de una decisi\u00f3n anterior de la Audiencia Nacional, que en el a\u00f1o 2008 dictamin\u00f3 en Pleno que el delito de rebeli\u00f3n no era competencia de esa \u00f3rgano judicial.<\/p>\n
Sin embargo, ella discrepa de esa resoluci\u00f3n y mantiene que se debe analizar individualmente cada caso. En \u00e9ste, mantiene que \u201cla finalidad \u00faltima\u201d de las acciones que atribuye el fiscal a los querellados era la de conseguir la celebraci\u00f3n del refer\u00e9ndum para conseguir la proclamaci\u00f3n de una rep\u00fablica catalana independiente de Espa\u00f1a. Para ello, los intervinientes \u201ceran conscientes de que desarrollan una actuaci\u00f3n al margen de las v\u00edas legales impidiendo la aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en su conjunto, y, en particular, de la norma fundamental de todos los espa\u00f1oles, la Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Ambos tribunales tambi\u00e9n han validado la investigaci\u00f3n por rebeli\u00f3n
\nPara Lamela, tal conducta va encaminada o dirigida a romper la organizaci\u00f3n territorial del Estado, por lo que atenta tambi\u00e9n contra la forma actual de gobierno en Espa\u00f1a y, por tanto, competencia de la Audiencia Nacional.<\/p>\n
Rebeli\u00f3n o conspiraci\u00f3n<\/p>\n
Ambos tribunales tambi\u00e9n han validado la investigaci\u00f3n por rebeli\u00f3n. En el caso del Supremo, en el auto de admisi\u00f3n a tr\u00e1mite -antes de la designaci\u00f3n de instructor- deja la puerta a que sea el instructor quien determine si los hechos denunciados por la Fiscal\u00eda deben considerarse como rebeli\u00f3n o sedici\u00f3n. Adem\u00e1s, abre la opci\u00f3n a que los hechos sean calificados como conspiraci\u00f3n para la rebeli\u00f3n, que lleva aparejada una pena inferior.<\/p>\n
En el caso de Lamela, sostiene que los motivos expuestos por la Fiscal\u00eda para calificar los hechos como rebeli\u00f3n son \u201c serios, racionales y l\u00f3gicos\u201d. As\u00ed, recoge las sospechas del Ministerio P\u00fablico de que Puigdemont y el resto de miembros del Govern \u201curdieron una estrategia de lo que habr\u00eda de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y \u00d3mnium) que llevaron a la celebraci\u00f3n del refer\u00e9ndum ilegal el d\u00eda 1 de octubre y a la declaraci\u00f3n de independencia aprobada en el parlamento el pasado d\u00eda 27 de octubre\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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