La Secci\u00f3n Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas que oscilan entre los tres meses y los cinco a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n a 21 de los 23 acusados por las piezas 2 y 3 del llamado \u2018Caso Cooperaci\u00f3n\u2019, tras declarar probado el fraude registrado entre 2009 y 2011 en multitud de subvenciones a ONG destinadas a cooperaci\u00f3n al desarrollo del Tercer Mundo, as\u00ed como a la construcci\u00f3n de un hospital en Hait\u00ed.<\/p>\n
En una sentencia notificada este viernes a las partes, el tribunal impone al que fuera conseller de Solidaridad y Ciudadan\u00eda en ese periodo, Rafael Blasco, un a\u00f1o de prisi\u00f3n y ocho de inhabilitaci\u00f3n absoluta como autor de un delito continuado de malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos, en concurso ideal con delitos continuados de prevaricaci\u00f3n administrativa y falsedad en documento oficial cometido por funcionario p\u00fablico.<\/p>\n
No obstante, le absuelve de los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, organizaci\u00f3n criminal y grupo criminal. Para el c\u00f3mputo de la prisi\u00f3n, tanto en el caso del exconseller como en el de otros acusados, los magistrados han descontado las penas que ya les impusieron en una anterior sentencia por los mismos hechos.<\/p>\n
Junto a Blasco, han sido condenados otros exaltos cargos de la Conselleria como el director general de Cooperaci\u00f3n, Jos\u00e9 Mar\u00eda Felip (un a\u00f1o y seis meses de prisi\u00f3n, dos a\u00f1os y seis meses de inhabiltaci\u00f3n absoluta); el jefe de \u00c1rea de Cooperaci\u00f3n, Marc Llinares (dos a\u00f1os y nueve meses de prisi\u00f3n, dos a\u00f1os y seis meses de inhabilitaci\u00f3n absoluta), y la secretaria general administrativa de la Conselleria, Agustina Sanju\u00e1n (seis meses y un d\u00eda de prisi\u00f3n y dos a\u00f1os y tres meses de inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico).<\/p>\n
El fallo tambi\u00e9n impone dos a\u00f1os de c\u00e1rcel al empresario Augusto C. T. , fundador de la Fundaci\u00f3n Entre Pueblos (luego denominada Hemisferio), por delitos de malversaci\u00f3n, en concurso con prevaricaci\u00f3n, falsedad documental, cohecho activo y blanqueo de capitales.<\/p>\n
Igualmente, la Audiencia ha condenado a penas que van desde los tres meses a los cinco a\u00f1os y seis meses de c\u00e1rcel a otras 16 personas: trabajadores y responsables de ONG y fundaciones o representantes legales de sociedades mercantiles implicadas en el fraude.<\/p>\n
Por el contrario, ha absuelto con todos los pronunciamientos favorables a dos de los 23 encausados: un empresario y una jefa de servicio de la Conselleria.<\/p>\n
El tribunal considera probado que Rafael Blasco \u201cfavoreci\u00f3 la concesi\u00f3n de subvenciones\u201d a Augusto C\u00e9sar Tauroni, un empresario al que ya conoc\u00eda desde tiempo atr\u00e1s, aunque sab\u00eda que \u00e9ste \u201cdesviaba de sus fines para lucro propio buena parte de las cantidades obtenidas para realizar proyectos en los pa\u00edses del Tercer Mundo\u201d. La Sala no cree acreditado sin embargo que el pol\u00edtico recibiese dinero a cambio.<\/p>\n
Tauroni constituy\u00f3 una fundaci\u00f3n, Entre Pueblos (despu\u00e9s renombrada como Fundaci\u00f3n Hemisferio), gestion\u00f3 proyectos de peque\u00f1as ONG y se vali\u00f3 de empresas instrumentales con la \u201cfinalidad \u00faltima de obtener un beneficio neto de cada proyecto subvencionado de cuanto menos un 50% de la cantidad subvencionada por la Administraci\u00f3n\u201d, seg\u00fan la sentencia.<\/p>\n
Y lo consigui\u00f3 \u2013agregan los magistrados- \u201cdebido a que buena parte de los proveedores no ejecutaban los servicios contratados, percibiendo en cambio, elevadas cantidades por los trabajos facturados, que adem\u00e1s estaban presupuestados muy por encima del precio real de mercado\u201d.<\/p>\n
La Audiencia ha dictaminado asimismo que el empresario soborn\u00f3 con dinero a uno de los ex altos cargos de la Conselleria, Marc Llinares, jefe de \u00c1rea de la Direcci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n y que era adem\u00e1s de amigo suyo persona de confianza del conseller, a cambio de \u201cfacilitar que los proyectos que presentaba Entre Pueblos o las ONG que gestionaba fuesen aprobados\u201d o dar su visto bueno a facturas y gastos.<\/p>\n
La sentencia, que puede ser recurrida en casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo, decreta el comiso de dos apartamentos en Miami, de un yate y de todo el dinero existente en diversas cuentas bancarias a nombre de sociedades radicadas en Estados Unidos, como bienes procedentes de los delitos de blanqueo de capitales cometidos por Tauroni y su esposa, tambi\u00e9n condenada en este procedimiento.<\/p>\n
En cuanto a la responsabilidad civil, la Sala condena expresamente a una decena de los acusados a pagar cantidades que oscilan entre los 5.000 y los 37.000 euros a la Generalitat Valenciana.<\/p>\n
Por el contrario, deja para su determinaci\u00f3n posterior, en el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n de sentencia, el grueso de las indemnizaciones que habr\u00e1n de compensar el perjuicio total causado a las arcas p\u00fablicas, que la Fiscal\u00eda fija en 5.035.942 euros y la Generalitat en 5.667.930 euros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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