El Tribunal Supremo confirma la legalidad de la cesi\u00f3n de datos para comprobar que cumple los requisitos legales para la habilitaci\u00f3n profesional.<\/p>\n\n\n\n
El Supremo confirma, a trav\u00e9s de una reciente sentencia, que el acceso por un polic\u00eda al Registro Central de Penados para comprobar antecedentes penales de un vigilante de seguridad no requiere de su consentimiento. As\u00ed es, el Alto Tribunal considera que se trata de una cesi\u00f3n datos proporcionada y legalmente prevista para un requisito necesario para dicha profesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La Sala matiza que dicha comprobaci\u00f3n est\u00e1 limitado al mantenimiento de un requisito necesario para la pervivencia de la habilitaci\u00f3n para prestar servicios como vigilante de seguridad a los efectos de carecer de antecedentes penales por delito doloso y amparado por el art. 11.2.c) de la Ley de Protecci\u00f3n de Datos, en cuanto responde a la libre y leg\u00edtima aceptaci\u00f3n de una relaci\u00f3n jur\u00eddica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica necesariamente la conexi\u00f3n con el fichero de terceros, el Registro Central de Penados y Rebeldes.<\/p>\n\n\n\n
Por tanto, a juicio del Supremo se trata de una cesi\u00f3n leg\u00edtima de datos personales legalmente prevista, y que responde a una finalidad constitucionalmente prevista, adem\u00e1s de ser proporcionada.<\/p>\n\n\n\n
En este caso, el control efectivo de los requisitos<\/strong> necesarios para mantener la habilitaci\u00f3n para prestar servicio como vigilante de seguridad<\/strong>, como garant\u00eda del correcto desempe\u00f1o de su funci\u00f3n en el \u00e1mbito eminentemente p\u00fablico de la seguridad ciudadana, pasa por carecer de antecedentes penales<\/strong>. Por ello, puede decirse que existe una relaci\u00f3n jur\u00eddica libremente aceptada constituida por la habilitaci\u00f3n otorgada por el Ministerio del Interior para poder ejercer como vigilante de seguridad privada y la necesidad de control de la permanencia de este requisito<\/strong> a los efectos de su cotejo en el Registro Central de Penados y Rebeldes, m\u00e1xime cuando la comunicaci\u00f3n de datos se limita a la finalidad que la justifica, comprobar el mantenimiento del requisito, para en caso de comprobarse su ausencia, privar de la habilitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\nInsiste la Sala en que la salvaguarda del inter\u00e9s p\u00fablico y la necesidad de controlar la ausencia de antecedentes es lo que autoriza a prescindir del consentimiento del interesado. La cesi\u00f3n de datos personales responde, por tanto, a la libre y leg\u00edtima aceptaci\u00f3n de una relaci\u00f3n jur\u00eddica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica necesariamente la conexi\u00f3n de dicho tratamiento con ficheros de terceros.<\/h5>\n\n\n\n