La Secci\u00f3n Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sanci\u00f3n de 45 d\u00edas de suspensi\u00f3n de funciones impuesta por la Comisi\u00f3n Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a una juez de Zafra (Badajoz) por una falta muy grave de desatenci\u00f3n en el cumplimiento de los deberes judiciales, al considerar acreditado que orden\u00f3 la detenci\u00f3n de una mujer en un procedimiento civil en fase de ejecuci\u00f3n sin tener competencia para acordarla. <\/p>\n\n\n\n
Los hechos probados relatan que, como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 1 de Zafra, la juez sancionada dict\u00f3 dos providencias, de 12 de febrero y 26 de marzo de 2019, en las que acord\u00f3 que se localizara y se realizara una serie de requerimientos y apercibimientos a una madre para que entregara a sus dos hijas a su expareja y padre de las menores. <\/p>\n\n\n\n
En las mismas advert\u00eda que, en caso de que \u00e9sta obstaculizara o impidiera la entrega de las ni\u00f1as, se le apercibiera de que pod\u00eda incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y\/o sustracci\u00f3n de menores. Adem\u00e1s, ordenaba su inmediata detenci\u00f3n y puesta a disposici\u00f3n judicial si, pese a los apercibimientos, segu\u00eda manteniendo su negativa a entregar a las menores a su padre. Finalmente, la detenci\u00f3n se hizo efectiva. <\/p>\n\n\n\n
La Sala afirma que en el caso enjuiciado la recurrente culmin\u00f3 \u201csu incorrecta actuaci\u00f3n con la efectiva detenci\u00f3n y consecuente p\u00e9rdida de libertad de la parte en un proceso civil, conducta de extrema gravedad por afectar a un derecho tan nuclear como el de la libertad y que parte de un desconocimiento inexcusable de la diferencia existente entre las potestades que corresponde en el ejercicio de la jurisdicci\u00f3n civil y penal, circunstancias que sirven para justificar la sanci\u00f3n impuesta desde la perspectiva de la proporcionalidad\u201d. <\/p>\n\n\n\n
La sentencia indica que la juez sancionada no ten\u00eda competencia para acordar la detenci\u00f3n y rechaza la tesis de la recurrente que trata de situar su proceder dentro del campo de su actividad jurisdiccional, que entiende que quedar\u00eda extramuros de la potestad disciplinaria del CGPJ. \u201cNo estamos ante ninguna cuesti\u00f3n interpretativa acerca de la competencia para acordar la detenci\u00f3n, no hay duda alguna de que la Juez sancionada carec\u00eda de esa competencia; la demanda no invoca un solo precepto de ley alguna en base al cual la Juez sancionada pudiera haber ordenado esa detenci\u00f3n para ejecutar una resoluci\u00f3n dictada en un proceso civil\u201d, subraya la Sala. <\/p>\n\n\n\n
A\u00f1ade que la detenci\u00f3n ordenada por la Juez sancionada \u201csupuso un apartamiento del proceder que de las leyes -constitucionales, de enjuiciamiento criminal y de enjuiciamiento civil- resulta con absoluta claridad sobre la imposibilidad de que un juez ordene una detenci\u00f3n al margen del Juez penal que conozca o deba conocer de una causa criminal\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Por tanto, concluye que de acuerdo con la doctrina jurisdiccional expuesta la conducta de la recurrente resulta incardinable en el art. 417.9 de la LOPJ que no se encuentra afectada por la prohibici\u00f3n de que la actividad sancionadora del CGPJ invada el n\u00facleo de la funci\u00f3n jurisdiccional.<\/p>\n\n\n\n
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