El Tribunal Supremo ha avalado la instalaci\u00f3n de geolocalizadores para rastrear embarcaciones que son sospechosas de transportar droga, al considerarlo como una medida id\u00f3nea y necesaria cuando se persigue un delito en alta mar.<\/p>\n\n\n\n
La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que desestima el recurso de casaci\u00f3n de cuatro condenados contra la resoluci\u00f3n de la Audiencia de C\u00e1diz que les conden\u00f3 a penas de entre cinco y seis a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de cinco millones de euros por un delito de tr\u00e1fico de estupefacientes.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, este tribunal conden\u00f3 a dos personas m\u00e1s a tres y cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel, aunque no han recurrido ante el Supremo.<\/p>\n\n\n\n
Los hechos se remontan al 28 de octubre de 2015 cuando la Guardia Civil abord\u00f3 una embarcaci\u00f3n sospechosa en alta mar con atraque en Puerto Ban\u00fas, en Marbella (M\u00e1laga), que iba a gran velocidad y en la que se encontr\u00f3 una tarjeta a nombre de M\u00e1ximo, con antecedentes policiales por narcotr\u00e1fico, lo que motiv\u00f3 que d\u00edas despu\u00e9s se colocara un geolocalizador.<\/p>\n\n\n\n
Ya el 6 de noviembre, la embarcaci\u00f3n parti\u00f3 de Puerto Ban\u00fas para cargar una cantidad elevada de hach\u00eds en un punto no determinado de alta mar, y acudir, sobre las 5:30 horas de la madrugada, a la playa de \u00abLa Ballenera\u00bb, en Algeciras (C\u00e1diz), donde varias personas esperaban para descargar el hach\u00eds en veh\u00edculos todoterreno.<\/p>\n\n\n\n
Poco despu\u00e9s, los agentes interceptaron a uno de los conductores que llevaba en su coche 1.148 kilos de hach\u00eds valorados en dos millones de euros e identificaron a otro que abandon\u00f3 su todoterreno olvid\u00e1ndose el DNI. Mientras esto suced\u00eda, la embarcaci\u00f3n regres\u00f3 a su base y sus tres ocupantes fueron detenidos.<\/p>\n\n\n\n
La embarcaci\u00f3n fue controlada en todo momento por el sistema de geolocalizaci\u00f3n y las c\u00e1maras del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil (SIVE) desde su salida de Puerto Ban\u00fas.<\/p>\n\n\n\n
En sus recursos, los condenados alegan que la prueba obtenida con el geolocalizador ha vulnerado el derecho a la presunci\u00f3n de inocencia, pues en aquel momento no hab\u00eda ninguna investigaci\u00f3n policial en curso, por lo que la medida resultaba prospectiva.<\/p>\n\n\n\n
Y, a\u00f1aden que no era necesaria, pues la embarcaci\u00f3n estaba siendo controlada en todo momento por los agentes del SIVE de M\u00e1laga, Algeciras y Ceuta, y los que se desplazaron hasta Puerto Ban\u00fas.<\/p>\n\n\n\n
El Supremo recuerda que los hechos son anteriores a la reforma de la Lecrim -que exige una autorizaci\u00f3n judicial- y, por tanto, no exist\u00eda entonces ninguna regulaci\u00f3n espec\u00edfica al uso de geolocalizadores en una investigaci\u00f3n criminal, por lo que hab\u00eda que ponderar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.<\/p>\n\n\n\n
La Sala entiende que s\u00ed \u00abconcurren los requisitos legales de necesidad e idoneidad de la medida\u00bb, pues \u00abhay que tener en cuenta la gran dificultad de la averiguaci\u00f3n del delito en un medio mar\u00edtimo en el supuesto de no haber contado con dicho aparato de geolocalizaci\u00f3n, por lo que su colocaci\u00f3n era necesaria\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Destaca la \u00abproporcionalidad\u00bb de la medida, ya que \u00ablos \u00fanicos datos aportados por el dispositivo eran el recorrido de la embarcaci\u00f3n, sin afectaci\u00f3n de comunicaciones personales, as\u00ed como la existencia de indicios de la comisi\u00f3n de un delito grave, como es el tr\u00e1fico de drogas\u00bb, se\u00f1alando que la autorizaci\u00f3n judicial previa no era exigible en aquel momento.\u00a0<\/p>\n\n\n\n