La Unidad de Cooperaci\u00f3n Internacional de la Fiscal\u00eda General del Estado ha emitido, seg\u00fan la web Parlamenta.es, un dictamen, dirigido a todas las fiscal\u00edas, para tramitar las Ordenes Europeas de Investigaci\u00f3n (OEI), que entraron el 22 de mayo en vigor, mientras Espa\u00f1a incorpora a su ordenamiento la Directiva 2014\/41\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, que las regula.<\/p>\n
M\u00c1S INFORMACI\u00d3N<\/p>\n
La Directiva aprobada por la Fiscal\u00eda General del Estado desarrolla los mecanismos jur\u00eddicos internacionales para que los fiscales puedan solicitar directamente a sus hom\u00f3logos de la Uni\u00f3n Europea las pruebas pertinentes para su incorporaci\u00f3n en los procesos abiertos en Espa\u00f1a.<\/p>\n
Dada la importancia de este documento y hasta que la transposici\u00f3n sea efectiva, la Fiscal\u00eda General del Estado, a trav\u00e9s de la fiscal de Sala de Cooperaci\u00f3n Penal Internacional, Rosa Ana Mor\u00e1n, ha emitido el citado Dictamen para tratar de paliar este retraso legislativo.<\/p>\n
Seg\u00fan este documento, hasta que entre en vigor la Ley de transposici\u00f3n \u201clos fiscales velar\u00e1n porque se tramiten conforme a los Convenios o normas europeas invocadas y aplicables al caso las solicitudes recibidas de otros Estados miembros, tanto si se trata de comisiones rogatorias como de ordenes europeas de investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
La Directiva se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en lo que respecta a la obtenci\u00f3n de pruebas para su uso en procedimientos penales. Se aplica a todos los pa\u00edses de la UE excepto Dinamarca e Irlanda, que no participan en ella. El Reino Unido, en cambio, decidi\u00f3 participar. Se trata de un instrumento que sustituye a los reg\u00edmenes de asistencia judicial mutua existentes en la UE para la obtenci\u00f3n de pruebas, en particular el Convenio de Asistencia Judicial de la UE de 2000 y la Decisi\u00f3n marco 2003\/577\/JHA sobre el aseguramiento de pruebas.<\/p>\n
En particular, la orden europea de investigaci\u00f3n permite el traslado temporal de detenidos con el fin de reunir pruebas; faculta a los fiscales para la consulta de las cuentas bancarias y las operaciones financieras de los sospechosos o acusados; permite las investigaciones encubiertas y la interceptaci\u00f3n de telecomunicaciones; e incluye las medidas de protecci\u00f3n de pruebas.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n ha anunciado que presentar\u00e1 soluciones para mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas electr\u00f3nicas en el Consejo de Justicia de la UE que est\u00e1 previsto el pr\u00f3ximo 8 de junio.<\/p>\n
Transcurrido el plazo de transposici\u00f3n, el Ejecutivo comunitario ha comunicado que analizar\u00e1 el estado de dicha incorporaci\u00f3n y se dirigir\u00e1 a los Estados miembros que a\u00fan no hayan tomado las medidas pertinentes.<\/p>\n
Espa\u00f1a es uno de los siete estados miembros de la UE, con Austria, B\u00e9lgica, Bulgaria, Estonia, Eslovenia, y Suecia que presentaron la iniciativa el 21 de mayo de 2010 para una orden europea de investigaci\u00f3n. La Directiva fue conjuntamente adoptada en 2014 por el Consejo y el Parlamento Europeo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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